La conciliación obligatoria, solicitada por el Consejo General de Educación (CGE) y avalada por la justicia entrerriana, obliga a los docentes a suspender cualquier tipo de protesta durante 20 días, mientras se reanudan las negociaciones entre el gobierno provincial y los gremios. El objetivo, según el CGE, es garantizar la continuidad del ciclo lectivo y buscar una solución salarial superadora para los docentes en este lapso. Sin embargo, esta medida ha generado una fuerte reacción en la comunidad educativa.
En respuesta, diversas familias de la provincia han impulsado una campaña a través de grupos de WhatsApp y redes sociales, convocando a no enviar a sus hijos a la escuela este viernes, como muestra de solidaridad con los docentes, subrayando la crítica situación que enfrentan: salarios que no alcanzan la línea de pobreza y, ahora, la imposibilidad de protestar.
«Esta lucha es por la Escuela Pública», rezan los mensajes de adhesión de las familias a la causa docente. La campaña busca visibilizar el respaldo popular y la indignación frente a lo que consideran un intento de silenciar sus reclamos justos.
Antes de que se dictara la conciliación obligatoria, el gremio docente AGMER había resuelto, en un congreso realizado el miércoles en la sede de ATE Paraná, llevar a cabo un paro de 48 horas los días jueves 22 (que se llevó a cabo) y viernes 23 de agosto, con movilizaciones en toda la provincia. Además, advirtieron que, de no recibir una nueva propuesta salarial, se sumarían 72 horas de paro la semana siguiente, afectando los días martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de agosto. Sin embargo, estas medidas de fuerza quedaron suspendidas a raíz de la decisión judicial.
La próxima audiencia de conciliación obligatoria está programada para el martes 27 de agosto a las 9:30 horas en Tribunales, donde se espera que las autoridades provinciales presenten una oferta que pueda destrabar el conflicto y evitar mayores tensiones en el ámbito educativo.
Mientras tanto, la movilización de las familias se convierte en un nuevo frente en esta disputa, destacando que la defensa de la educación pública y de los derechos laborales de los docentes no es solo una cuestión gremial, sino una preocupación compartida por toda la sociedad.
