La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná denegó la solicitud de morigerar la prisión preventiva a Jorge Fernández Orué, un ciudadano paraguayo acusado de participar en el tráfico de casi dos toneladas de marihuana desde Misiones a Concordia. El cargamento, que sumaba 1.857,804 kilos, fue descubierto por Gendarmería Nacional en marzo de 2023, cuando estaba oculto en un camión que transportaba mandarinas.
El caso cobró notoriedad por la magnitud del operativo y las conexiones delictivas que se investigaron. El conductor del camión, Gastón Leonel Siandra, de 27 años y oriundo de Chajarí, ya fue condenado en marzo de este año a cinco años y ocho meses de prisión, junto con el decomiso del vehículo. Junto a él, también fue arrestado Diego Espíndola, quien lo acompañaba en el interior del camión en el momento del operativo, efectuado en la autovía nacional 14.
La investigación reveló que Siandra había realizado viajes previos llevando marihuana a Buenos Aires y que su contacto en Paraguay era Fernández Orué. Tras un extenso proceso de seguimiento, Fernández fue detenido un año después, en la localidad bonaerense de Glew.
A través de su defensora oficial, Noelia Quiroga, Fernández Orué buscó obtener el arresto domiciliario con el argumento de que es padre de dos menores que necesitan de su cuidado y apoyo económico. El abogado particular Matías Lladós ya había realizado un planteo similar, argumentando que el acusado no posee antecedentes penales, tiene un trabajo estable en la construcción y un domicilio fijo en Argentina, donde reside con su familia.
Fernández explicó que su presencia es esencial para que la madre de su hija menor pueda trabajar y que no cuenta con familiares en Argentina para ayudar con el cuidado de los niños. También destacó que sus coimputados, Siandra y Espíndola, obtuvieron el beneficio del arresto domiciliario, a pesar de tener antecedentes penales.
Sin embargo, los camaristas Beatriz Aranguren, Cintia Gómez y Mateo Busaniche rechazaron la solicitud de Fernández. Consideraron, entre otros factores, que la causa ya fue elevada al Tribunal Criminal Oral de Paraná, donde se definirá una fecha para el juicio.
El caso sigue siendo observado de cerca por su relevancia en el tráfico de drogas y el contexto de la justicia penal en la región, marcando un precedente sobre la aplicación de beneficios procesales y las condiciones para su otorgamiento.
