Juan Podhainy, representante del Ministerio Público Fiscal en el juicio contra José Luis Machado, contó detalles de una investigación que comenzó en febrero de 2024 y permitió identificar a un presunto proveedor de drogas que abastecía a revendedores de Concordia, Federación, Chajarí y otras localidades de la región. El denominado «empresario» fue condenado a seis años y diez meses de prisión, además de una multa de 15 millones de pesos.
El fiscal federal Juan Podhainy brindó detalles sobre la investigación que terminó con la condena del empresario maderero de Federación, José Luis Machado, por narcotráfico. En una entrevista concedida al programa El Séptimo Día, de Radio Plaza 94.7, explicó cómo se reconstruyó el funcionamiento de la organización, las pruebas que permitieron sostener la acusación y el alcance territorial de la actividad ilícita.
Machado fue condenado por el Tribunal Oral Federal de Paraná a seis años y diez meses de prisión y al pago de una multa de 100 unidades fijas, equivalentes a unos 15 millones de pesos, luego de que la fiscalía solicitara una pena de siete años.
Según explicó Podhainy, la investigación se inició en febrero de 2024, a partir de información recibida por la Policía de Toxicología de Federación sobre la presunta comercialización de drogas en esa ciudad y en Concordia. Las primeras sospechas apuntaban a Machado como posible proveedor de los estupefacientes.
En ese momento, el empresario tenía dos aserraderos y una paletera en la provincia de Buenos Aires. Los investigadores también habían advertido un crecimiento económico y la adquisición de vehículos de alta gama y camionetas, circunstancias que fueron incorporadas a las primeras tareas investigativas.
Escuchas, vigilancia y una planilla con las deudas de los revendedores
A medida que avanzó la investigación, los investigadores reunieron información de distintas fuentes. Entre ellas, informes migratorios, análisis de antenas de telefonía, escuchas telefónicas, tareas de vigilancia y el contenido de los teléfonos celulares secuestrados.
Podhainy explicó que los registros migratorios mostraron que Machado y otro de los imputados, identificado como Acevedo, viajaban frecuentemente a Paraguay. Además, el análisis de las comunicaciones permitió establecer desplazamientos y contactos en Concordia, Federación, San Jaime y Misiones.
Con el avance de las tareas, los investigadores ampliaron la hipótesis inicial y detectaron presuntos revendedores y distribuidores en otras localidades, entre ellas San Salvador y Mocoretá, en Corrientes. De acuerdo con el fiscal, la actividad incluía la comercialización de cocaína y marihuana.
Uno de los elementos que más llamó la atención de la fiscalía apareció cuando se analizaron los celulares secuestrados. Allí encontraron un archivo de Excel denominado “Extra”, en el que Machado llevaba un registro de los revendedores y de las deudas que mantenían con él.
“Tenía todos y cada uno de los distintos revendedores. De varios de ellos se pudieron determinar escuchas y mensajes incriminantes”, relató Podhainy.
La planilla contenía información sobre las sumas adeudadas por distintas personas, aunque el fiscal aclaró que el registro recuperado correspondía únicamente a lo que se había podido encontrar del mes de octubre.
Según la acusación, ese material permitió relacionar las comunicaciones telefónicas con otros elementos reunidos durante los procedimientos. En algunos casos, las personas que figuraban como deudoras fueron allanadas por presuntas actividades de narcomenudeo y sus teléfonos contenían conversaciones con Machado.
El sello de “Chuck Norris” y los cobros directos
Otro detalle que surgió durante la investigación fue la utilización de calcomanías del actor estadounidense Chuck Norris para identificar la droga que, según la acusación, Machado entregaba a sus revendedores.
El fiscal señaló que los investigadores encontraron esas calcomanías durante los allanamientos y que el propio empresario utilizaba la imagen del actor en sus teléfonos y perfiles de WhatsApp.
“Él se hacía llamar ‘Chuck Norris’”, explicó Podhainy al describir uno de los elementos que contribuyeron a vincular las pruebas recolectadas.
Pero, más allá de la identificación de los estupefacientes, el fiscal destacó especialmente las tareas de vigilancia que permitieron observar encuentros entre Machado y algunos de los imputados.
Según relató, los investigadores registraron reuniones y presuntos intercambios, además de situaciones en las que el empresario concurría a cobrar deudas.
Para Podhainy, ese aspecto fue central porque permitió sostener que Machado no se limitaba a proveer la droga, sino que también intervenía directamente en el seguimiento de los pagos de quienes la revendían.
Una conversación sobre ingresos millonarios
Entre las escuchas incorporadas a la investigación, el fiscal mencionó una conversación entre Machado y una persona vinculada a tareas contables.
En ese diálogo, según la reconstrucción expuesta por Podhainy, se hablaba de ingresos que habrían pasado de unos 30 millones de pesos mensuales en marzo de 2024 a 150 millones en abril y 175 millones en mayo de ese año.
El interlocutor le habría planteado a Machado cómo justificar esos movimientos de dinero. Según el relato del fiscal, el empresario respondió que podían atribuirlos a ingresos de la paletera que tenía en Buenos Aires o a la venta de un tractor.
Podhainy presentó esa conversación como uno de los elementos que despertaron la atención de los investigadores por los montos mencionados y la explicación que se habría intentado dar a esos ingresos.
De todos modos, aclaró que, en lo que llegó a juicio, no se acreditó la participación de un profesional contable en la maniobra delictiva. La investigación sobre el aspecto económico continúa en trámite.
Ocho imputados y seis acuerdos de juicio abreviado
El fiscal explicó que la causa tuvo ocho imputados. Dos llegaron a juicio oral, mientras que los otros seis acordaron avanzar mediante juicios abreviados.
Machado recibió una condena de seis años y diez meses de prisión, mientras que el otro acusado juzgado en el debate también fue condenado, con una responsabilidad menor, de acuerdo con lo sostenido por la fiscalía.
En cuanto a los seis imputados que optaron por el procedimiento abreviado, Podhainy señaló que al momento de la entrevista todavía estaba pendiente la sentencia homologatoria de los acuerdos.
El representante del Ministerio Público Fiscal también confirmó que los vehículos mencionados durante la investigación, entre ellos camionetas y un Audi TT, se encuentran a disposición de la jueza federal Analía Ramponi en el marco de otra investigación relacionada con el aspecto económico.
“Se encontró al proveedor”
Consultado sobre la importancia del caso frente a la demanda social de investigaciones dirigidas contra los principales responsables del narcotráfico, Podhainy consideró que la causa permitió avanzar más allá de los puntos de venta minoristas.
“Con este tipo de investigaciones se logra romper el techo”, sostuvo.
El fiscal explicó que, con frecuencia, las investigaciones por comercialización de drogas identifican a quienes venden al consumidor, pero no siempre consiguen establecer quién abastece a esos vendedores.
“Acá se encontró el proveedor”, afirmó, al destacar la influencia económica que, según la acusación, tenía Machado y la extensión territorial de sus contactos.
De acuerdo con Podhainy, la investigación permitió reconstruir una red de distribución que alcanzaba distintas localidades de la región de Salto Grande y otras zonas de Entre Ríos y Corrientes.
La defensa cuestionó la investigación inicial
Durante la entrevista, el fiscal también se refirió a la estrategia de la defensa, que cuestionó la validez de las primeras tareas policiales, entre ellas la consulta de registros de dominio de vehículos y la revisión de información pública en redes sociales.
La fiscalía se opuso al planteo de nulidad y, según Podhainy, el tribunal rechazó el cuestionamiento. El fiscal sostuvo que la acusación no se apoyó exclusivamente en las escuchas telefónicas, sino también en la vigilancia, los allanamientos y el análisis de los dispositivos secuestrados.
En relación con un planteo para acceder a la prisión domiciliaria, indicó que la solicitud no había prosperado, al considerar que no se reunían las condiciones necesarias para conceder ese beneficio.
Los cambios que traerá el sistema acusatorio federal
En otro tramo de la entrevista, Podhainy habló sobre la implementación del sistema acusatorio federal en Entre Ríos y los cambios que traerá para el funcionamiento de la Justicia.
Entre las principales modificaciones, explicó que los juicios se dividirán en dos etapas: una destinada a determinar la responsabilidad penal de los acusados y otra para establecer la pena, que se desarrollará una vez declarada la responsabilidad.
Además, destacó que el fiscal que lleva adelante la investigación será quien sostenga la acusación durante el juicio.
Para Podhainy, ese cambio fortalece la separación de funciones entre la acusación y el órgano judicial, ya que el juez dejará de tener a su cargo la investigación y se concentrará en resolver sobre las cuestiones sometidas a su consideración.
La entrevista permitió conocer detalles de una investigación que, según la fiscalía, logró reconstruir una red de provisión y distribución de drogas en distintas localidades de la región. La condena a Machado constituye el principal resultado del juicio, mientras continúa pendiente la resolución de los acuerdos abreviados y sigue en trámite otra investigación vinculada con el aspecto económico.
Fuente: Analisis digital
