La resolución fue adoptada por los jueces Beatriz Aranguren, Mateo Busaniche y Cintia Gómez, quienes rechazaron los recursos presentados por las defensas y ratificaron el procesamiento sin prisión preventiva de R.M. y G.G., considerados autor y partícipe secundario, respectivamente, del delito investigado.
Además, el tribunal confirmó los embargos dispuestos sobre los imputados: 10 millones de pesos para R.M. y 150 mil pesos para G.G.
El procedimiento
La causa se originó el 10 de octubre de 2023, cuando efectivos de la Sección Seguridad Vial del Escuadrón Nº 56 Gualeguaychú realizaban un operativo de control sobre la ruta nacional 12, a la altura del kilómetro 158.
En ese contexto, detuvieron la marcha de una Toyota Hiace conducida por G.G., quien viajaba acompañado por R.M. Durante la inspección, los uniformados observaron un bolso en el interior del vehículo. Al ser consultado sobre su contenido, el conductor manifestó que transportaban 500.000 dólares estadounidenses.
Según consta en la investigación, los ocupantes no pudieron exhibir documentación que respaldara la legal tenencia del dinero. En el vehículo también trasladaban una motocicleta Kawasaki Z900 ABS.
Tras ser informada de la situación, la Justicia Federal de Gualeguaychú ordenó la apertura de una causa penal y el secuestro del dinero, los vehículos, teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la investigación.
Indicios suficientes
Al analizar los planteos de las defensas, la Cámara sostuvo que la resolución apelada valoró correctamente las pruebas reunidas durante la instrucción, entre ellas actas de procedimiento, testimonios e informes de distintos organismos.
Los magistrados consideraron que existen “indicios serios y concordantes” que permiten sostener, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa del proceso, la participación de ambos acusados en una presunta maniobra de lavado de activos.
Asimismo, remarcaron que el perfil económico de G.G. resultaría incompatible con la suma secuestrada. En cuanto a R.M., señalaron que, si bien existirían elementos que podrían indicar una capacidad económica acorde al monto hallado, no se aportó ninguna explicación sobre el origen ni el destino de los fondos.
Posible evasión fiscal
La Cámara también descartó los argumentos defensivos vinculados al desconocimiento del dinero transportado. En ese sentido, destacó que del acta de procedimiento surge que fue el propio conductor quien informó a los gendarmes que llevaba la suma en cuestión.
Para los jueces, el traslado de una importante cantidad de dinero en efectivo sin respaldo documental y con presunto origen ilícito podría constituir un principio de ejecución de una maniobra de lavado de activos.
Además, tuvieron en cuenta un informe del fiscal general interino José Ignacio Candiotti, quien indicó que se dispuso la apertura de una nueva investigación destinada a determinar la posible existencia de maniobras de evasión fiscal vinculadas al caso.
Aunque la pesquisa continúa y restan medidas por producir, el tribunal concluyó que existen elementos suficientes para mantener los procesamientos y avanzar con la investigación penal.
