El caso en cuestión sigue dando novedades sobre la obra irregular construida en avenida 9 de Julio y calle Moreno de la ciudad de Chajarí, que violaría todo tipo de normativas vigentes tanto en lo estructural como en el Código de Ordenamiento Territorial -COT- . Las consecutivas maniobras fueron consumadas por los más altos cargos políticos del Ejecutivo y del Concejo Deliberante, con la posible participación de un Magistrado.
A continuación se publica de manera textual una Solicitada con pedido de publicación del Sr. Rojas Aldo Francisco Fernando (DNI: 10.557506). El contenido de la misma es responsabilidad exclusiva del firmante.
El caso en cuestión sigue dando novedades sobre la obra irregular construida en avenida 9 de Julio y calle Moreno de la ciudad de Chajarí, que violaría todo tipo de normativas vigentes tanto en lo estructural como en el Código de Ordenamiento Territorial -COT- . Las consecutivas maniobras fueron consumadas por los más altos cargos políticos del Ejecutivo y del Concejo Deliberante, con la posible participación de un Magistrado. Todo esto de manera sistemática, reiterada y compuesta por más de tres personas, lo que configura un cuadro ilegal con agravante de «asociación ilícita».
Los propietarios de la vivienda lindera afectada por la construcción no autorizada legalmente, quienes tras agotar todos los pasos administrativos en el Gobierno de la Ciudad, por ser éste el Ente contralor y directo responsable de haber permitido semejante cúmulo de atropellos, no quedó otra opción que resolverlo en la Justicia.
Sin embargo este caso es de esos que se resisten a resolverse judicialmente, de los cuales se encuentran con todo tipo de obstáculos admirativos, casualmente cuando en el medio los partícipes necesarios de la maniobra tiene a políticos involucrados, por el orto lado. las víctimas de las maniobras son simples vecinos que ven atropellados sus derechos.
Luego de hacer público un sinfín de puntos que hacen a la ilegalidad de la obra en cuestión, todos éstos que continúan bajo el amparo del poder político, meses atrás dimos a conocer que dicha obra fue «autorizada» con una desmesurada burrada por el Concejo Deliberante presidido entonces por el ex Concejal y actual Intendente Marcelo Borghesan.
«𝗣𝗟𝗔𝗡𝗢𝗦 𝗗𝗘 𝗛𝗔𝗖𝗘 𝟰𝟱 𝗔Ñ𝗢𝗦 𝘆 𝗟𝗔 𝗢𝗕𝗥𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗧𝗥𝗨𝗜𝗗𝗔 𝗦𝗜𝗡 𝗢𝗥𝗗𝗘𝗡𝗔𝗡𝗭𝗔 𝗤𝗨𝗘 𝗟𝗔 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗥𝗜𝗖𝗘»
Dicha maniobra fue la presentación de Planos aprobados, presentados ante el Presidente del órgano deliberativo (Borghesan) por los integrantes de la Comisión encargada del caso, compuesta por los exconcejales Sebastián Denis , Analía Pizzio y Daniela Sirtori. Tras lo cual, el caso fue archivado por considerar que todo estaba en regla, sin embargo dichos planos fueron parte de la farsa, ya que los cuales se correspondían a la anterior obra allí existente con fechas de Mayo del año 1971 y Marzo de 1973, la cual fue completamente demolida hasta los cimientos y lo denunciado por los vecinos acababa de ser erigido en el año 2016 o sea 45 años después, por lo que ahora se pudo ratificar la afirmación oficial que : NO EXISTE ORDENANZA H?CD QUE PERMITA CONSTRUIR la obra en cuestión. Sin embargo, la misma Ordenanza que ahora dicen desde el municipio que «no existe» fue reconocida previamente por uno de los Magistrados intervinientes en la causa
«𝗗𝗘𝗦𝗔𝗣𝗔𝗥𝗘𝗖𝗜𝗢́ 𝗨𝗡𝗔 𝗜𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗡𝗧𝗘 𝗡𝗢𝗧𝗜𝗙𝗜𝗖𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗗𝗘𝗟 𝗘𝗫𝗔𝗦𝗘𝗦𝗢𝗥 𝗟𝗘𝗚𝗔𝗟(𝗳) 𝗗𝗘𝗟 𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗜𝗣𝗜𝗢 𝗘𝗡 𝗟𝗔 𝗤𝗨𝗘 𝗔𝗗𝗩𝗘𝗥𝗧𝗜́𝗔 𝗟𝗔𝗦 𝗖𝗢𝗦𝗘𝗖𝗨𝗘𝗡𝗖𝗜𝗔𝗦 𝗝𝗨𝗗𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟𝗘𝗦 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗔»
Como si fueran pocas todas las irregularidades mencionadas, complica más la situación de los funcionarios políticos involucrados cuando se le requiere al Dpto. Jurídico del Gobierno de la Ciudad a cargo del Dr. Fernando Fabrello una Notificación de Noviembre 2016, mediante la cual el profesional exasesor legal (f) del municipio sugiere que se estricto cumplimiento a la normativa contenida en el Cód. de Edificación Territorial, ya que de incumplirse esto, se habilita la vía judicial contenciosa administrativa, a la cual finalmente tuvo que recurrir el denunciante. Sin embargo, DICHA NOTIFICACIÓN DE SU ANTECESOR TAMPOCO FUE HALLADA EN ARCHIVOS POR EL ACTUAL RESPONSABLE DEL ÁREA JURÍDICA.
«𝗟𝗔 𝗘𝗟𝗜𝗠𝗜𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗗𝗘 𝗣𝗥𝗨𝗘𝗕𝗔𝗦 𝗛𝗔𝗖𝗘 𝗔 𝗟𝗔 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗨𝗡𝗖𝗜𝗢́𝗡 𝗗𝗘𝗟 𝗗𝗘𝗟𝗜𝗧𝗢»
Sólo en estas dos cuestiones de negación oficial de la existencia de una Ordenanza H?CD que autoriza la obra y que fuera mencionada por un Magistrado y simultáneamente el «no hallar» la notificación del exasesor legal(f) municipal que advertía las consecuencias de la dudosa administración del caso, queda expuesta la maniobra sistemática de eliminación de elementos probatorios por parte del Gobierno de la Ciudad, con varios actores públicos en conjunto, lo que hace encender nuevas alarmas de presunción de delito con sus respectivos agravantes.
Fuente: ROJAS ALDO FRANCISCO FERNANDO – DNI: 10.557.506
