Castrillón apuntó directamente contra el artículo 3° del proyecto, el cual autoriza al Ejecutivo «a adoptar las medidas necesarias para resguardar la sustentabilidad y sostenibilidad del sistema previsional». Dicho apartado faculta a la administración provincial a establecer «aportes y contribuciones, con carácter solidario o excepcional, por plazo determinado, a cargo de los afiliados activos o pasivos, sus empleadores, y beneficiarios de jubilaciones, pensiones o beneficios otorgados por la Caja de Jubilaciones y Pensiones y/o el Poder Ejecutivo; así como límites máximos al monto de los beneficios que superen 15 haberes mínimos».
El exvocal del STJ manifestó su profundo malestar con el espíritu de la reforma y defendió su trayectoria en la función pública. “No le robé a nadie. Durante 20 años aporté como legislador y 16 años como vocal del Superior Tribunal. No pueden establecerse un régimen de castigo. Es manifiestamente un robo y confiscación, generando un régimen especial so pretexto de emergencia”, subrayó.
Asimismo, Castrillón criticó la postura adoptada por el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), José Ángel Allende, a quien se refirió como su amigo, y rechazó de plano la posibilidad de avanzar con nuevos descuentos sobre los haberes del sector judicial, así como la desvinculación de las paritarias locales respecto de las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“No se puede votar esa barbaridad de descontarnos a los judiciales los aportes extraordinarios y querer robarnos un 7% más y desengancharme”, observó el exmagistrado. En esa misma línea, agregó: “Es totalmente ilegal. Yo me jubilé aportando el porcentaje de mi sueldo, como todos. ¿Por qué me van a castigar? ¿Quieren confrontar con la justicia, que ha sido complaciente, para provocar acciones en contra de los políticos?”.
Hacia el cierre de sus declaraciones, el abogado entrerriano lanzó una advertencia hacia los miembros de ambas cámaras legislativas que deberán debatir la norma en Paraná, recordando los antecedentes doctrinarios vigentes en la materia.
“Creo que hay que recordar a los legisladores que las leyes previsionales – como toda ley referida a derechos humanos- debe respetar los principios de progresividad y no regresividad, siguiendo innumerables fallos de la Corte Suprema. Si esto no ocurre, su vigencia puede ser corta”, evaluó Castrillón de cara al tratamiento parlamentario de la polémica reforma.
