La investigación administrativa acreditó el direccionamiento de compras hacia determinados proveedores y otras irregularidades. La exfuncionaria podría afrontar un sumario por su cargo docente, mientras continúa imputada en la Justicia.
El Gobierno de la provincia de Entre Ríos dio por aprobada y convalidada la Información Sumaria instruida mediante la Resolución Número 267/25 M.D.H. en el ámbito de la Coordinación de Comedores del Departamento Concordia. Se trata de la investigación iniciada por el desvío de fondos en comedores escolares.
A través del decreto firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y refrendado por la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, el procedimiento tuvo su origen a partir de una auditoría interna de rutina en la que «se constataron diferencias de acreditaciones e irregularidades en 37 comedores escolares del Departamento Concordia durante los meses de marzo y abril de 2025, alcanzando una diferencia presupuestaria calculada en $103.738.136”.
Cabe recordar que Silvina Murúa, exfuncionaria a cargo de la Dirección de Comedores de Concordia está imputada desde mayo de este año por el desvío de varios millones de pesos fondos públicos destinados a los alumnos de instituciones educativas del Departamento.
«Graves e inconsistentes irregularidades»
La Asesoría Letrada de la Fiscalía de Estado estableció formalmente que “ha quedado plenamente acreditado un cuadro de graves e inconsistentes irregularidades administrativas, de entidad suficiente para atribuir reproche disciplinario a quien se desempeñó como Coordinadora de Comedores del Departamento Concordia, Sra. Silvina Soledad Murúa”.
El decreto detalla que la exfuncionaria “se aprovechó de un sistema de control administrativo precario y vulnerable«, al tiempo que «tuvo conocimiento directo de sobreprecios e irregularidades informadas por supervisores y personal de rendición sin adoptar medidas eficaces para subsanarlas ni reportarlas a la Superioridad”.
En el mismo dictamen se da por probado que la excoordinadora “intervino activamente en el direccionamiento de compras hacia proveedores determinados (Ahora Voy, Autoservicio Joaquín y Flores Sandra)» y que «impartió instrucciones sobre la confección de rendiciones y concentró funciones sensibles en familiares y personas de su confianza».
Respecto a estos colaboradores cercanos, la resolución oficial confirmó que «no revisten como agentes ni poseen legajos activos en la Administración Pública Provincial ni en la Municipalidad de Concordia, careciéndose de potestad disciplinaria a su respecto», añadiendo expresamente que «la responsabilidad de los proveedores involucrados queda supeditada a los resultados del proceso penal en trámite».
La situación legal de Murúa
En cuanto a la situación legal de Murúa, la Fiscalía de Estado determinó que «no resulta pasible de sanción bajo el régimen de la Ley Nº 9755» ya que la mujer fue echada del cargo luego de que se conociera el escándalo. Sin embargo, al constatarse que la acusada «ostenta un cargo docente dentro del Consejo General de Educación» y «se mantiene vinculada laboral y jurídicamente con el Estado Provincial bajo el régimen del Estatuto del Docente Entrerriano», se resolvió «la remisión de las presentes actuaciones al Consejo General de Educación, a fin de que evalúe la procedencia de disponer la instrucción del correspondiente Sumario Administrativo».
Murúa, en tanto, continúa comprometida en la Justicia con la investigación penal que llevan adelante los fiscales Daniela Montangie y Tomás Tscherning. Quienes sostienen que, desde enero de 2024, Silvina Murúa habría utilizado su cargo en la Secretaría de Gestión Social para orquestar un sistema de direccionamiento de compras.
Según la acusación fiscal, Murúa, junto a sus hermanos Adrián y Vanessa, y su cuñado Esteban Godoy, “mediante distintas maniobras de intimidación o persuasión direccionaron arbitrariamente a más de treinta responsables de las tarjetas de compra de los comedores escolares con el fin de que se abastezcan de determinados proveedores de Concordia”.
