Afirman que los informes policiales volcados en la causa “son ridículos y carecen de seriedad”, subrayando que Rosatelli “no tiene conexión, ni filmaciones, ni diálogos sobre estupefacientes” con las personas vinculadas a la banda, e incluso ni siquiera conoce a quien la investigación señala como el “líder del cargamento”.
Las declaraciones de los defensores de Rosatelli podrían tomarse como una respuesta a las apreciaciones que realizó el Ministro de Seguridad de la provincia, Néstor Roncaglia, quien en una rueda de prensa se dedicó luego a aclarar algunas hipótesis alrededor del caso: “Acá no hay ningún armado del caso, la Policía y yo no tenemos nada que ver. Dicen que es una venganza por una investigación en el 911, pero nada que ver. Esto es una investigación muy seria, hay estudios puntuales y concretos que fueron evaluados por el juez”.
El caso, que tramita en el Juzgado Federal N° 1 de Paraná a cargo del juez Leandro Ríos, cobró dimensiones impactantes tras el secuestro de 1.300 kilos de marihuana hallados en una camioneta Citroën Jumper.
La trama comenzó a tejerse en noviembre de 2025, cuando Jonathan Barbieri —un excabo exonerado de la fuerza con antecedentes penales— le vendió el utilitario por 20 millones de pesos a Martín Reynaldo Pelizzari, un condenado por estafas. La operación se pactó en una estación de servicio sobre el Acceso Norte y el pago inicial incluyó efectivo, cheques apócrifos que luego rebotaron y transferencias desde la cuenta de Claudio David Luna.
Ante el impago del saldo restante, Barbieri fue objeto de una brutal golpiza en una sede de una organización no gubernamental para acallar sus reclamos, hecho por el cual radicó la denuncia formal.
Tiempo después, la noche del 13 de febrero de 2026, la Jumper fue interceptada con la millonaria carga de droga en un procedimiento donde saltó que poseía pedido de secuestro desde diciembre de 2025 y figuraba a nombre del propio Rosatelli, en su rol de asesor jurídico departamental.
Mientras la investigación federal avanza sobre una red plagada de inconsistencias —como el hecho de que el vehículo sorteó insólitamente la Verificación Técnica Vehicular con patente apócrifa—. Un tema que aún no ha sido aclarado. Tampoco ha trascendido nada sobre el informes reservado de División Drogas Peligrosas a la Justicia Federal del año pasado. Ese relevamiento dice, entre otras cosas, que en Paraná se habrían montado operativos policiales para simular efectividad operativa.
En los pasillos de Tribunales se viven jornadas de estricto hermetismo durante el desfile de imputados, donde la mayoría optó por el silencio por consejo de sus representantes técnicos:
Daniel Rosatelli: Su defensa aclaró que no declaró únicamente por cuestiones de tiempo dada la extensión de la imputación, pero remarcaron que el comisario se encuentra ansioso por prestar declaración para aclarar su ajenidad con el narcotráfico.
Martín Reynaldo Pelizzari: Actualmente alojado en el penal cumpliendo condena previa por estafas, asistido por Franco Azziani Cánepa, prefirió abstenerse.
Claudio David Luna: Detenido y derivado a la Unidad Penal N° 1 con asistencia de la Defensa Oficial, tras trascender que en su entorno presumía nexos con la droga incautada.
Los hermanos Favieri: Alan fue capturado en La Paz tras haber escapado entre los montes durante el operativo de febrero, mientras que José viajó voluntariamente desde Rosario proclamando su inocencia; ambos se abstuvieron tras ser asesorados por Alberto y Natalia Salvatelli.
César Leonel Ramírez: Con antecedentes por robo, fue el primer caído en la causa y permanece alojado en la cárcel con la asistencia del abogado Claudio Berón.
Esteban Stiebenlist Bustos: Permanece en calidad de prófugo de la justicia, señalado como uno de los ocupantes del vehículo que se dio a la fuga en el procedimiento norteño.
Todos prefirieron el silencio para analizar los pasos a seguir.
Para la estrategia defensiva integrada por Pagliotto, Cullen y Petenatti, el expediente federal es una cortina de humo que busca acallar la causa que tramita en la justicia provincial contra el jefe de la División 911, Juan Manuel Zunino, y otros altos mandos como Alejandro Villarreal, Luján Micheloud, Alexis Minetti y César Gutiérrez.
Esa presentación penal atribuye a los jefes policiales delitos como peculado, malversación de caudales públicos, exacciones ilegales y coacción, acusándolos de estructurar un sistema de recaudación ilegal mediante el desvío de fondos de servicios adicionales.
Mientras el juez Ríos evalúa el cúmulo probatorio para resolver la situación procesal de los detenidos en un plazo de diez días, las defensas preparan la embestida para demostrar que el comisario Rosatelli quedó atrapado en una clara maniobra de represalia institucional.
Esta causa esta en manos del fiscal Gonzalo Badano, quien ha ordenado diversas medidas, pero sin avances sustanciales.
