En la periferia de Concordia, el día comienza cuando todavía no salió el sol. Entre las 4 y las 5 de la mañana, casi un centenar de colectivos y combis arrancan sus motores para trasladar a un contingente diario de casi 20.000 trabajadores frutihortícolas. Se dirigen hacia las quintas de cítricos y arándanos repartidas entre el departamento Federación (Chajarí, Villa del Rosario, Santa Ana y Federación) y el sur de la provincia de Corrientes, en localidades como Mocoretá y Monte Caseros. También algunos se quedan en la denominada Capital del Citrus.
La mayoría de los cosechadores son jóvenes de entre 20 y 35 años que viven en los barrios más postergados de Concordia: El Silencio es uno, muy cerca de la ruta 4. Vuelven a sus casas a la tardecita tras extenuantes jornadas en las quintas. Sin embargo, muchos de ellos regresan con los bolsillos vacíos o con mucho menos dinero del que deberían haber cobrado. La razón: una modalidad aberrante que combina explotación laboral, informalidad total y narcotráfico. Algunos capataces y encargados de cuadrillas están pagando el jornal —o parte de él— directamente con dosis de cocaína.
«Les escribo para agradecerle a la Policía de Entre Ríos porque gracias a los operativos a los colectivos que van a las quintas mi hijo hay días que no llega tan duro. Investiguen lo que pasa en las quintas», dice un mensaje de whatsapp de una mujer que pide por favor que su identidad no sea revelada porque sino su hijo correría riesgo.
Según reveló Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral) el esquema funciona amparado en la precarización extrema. En la cosecha de la naranja o la mandarina, la paga se calcula mediante «fichas»: cada cajón recolectado cotiza a 500 pesos, según la información aportado por el Sindicato de la Fruta. En el caso del arándano, una fruta más delicada que convoca en su mayoría a mujeres por el cuidado que requiere la planta, la bandeja se paga en torno a los 2.000 pesos.
En este contexto, la droga opera como moneda de cambio, supresor del cansancio e instrumento de dominación, indicaron fuentes judiciales consultadas por Cuestión de Fondo.
Hay encargados de transporte y capataces que ofrecerían bolsitas de cocaína en lugar de dinero en efectivo. Cada dosis se comercializa entre los 4.000 y 5.000 pesos, dependiendo de la pureza.
Muchos peones aceptan la droga en la misma jornada de trabajo para «resistir» el desgaste físico que exige la zafra.
El excedente de dosis que reciben algunos trabajadores es llevado de regreso a los barrios populares para su reventa, convirtiendo al cosechero en el último eslabón de la red de distribución.
Aquellos trabajadores que no reciben la paga directa en droga optan por comprarla a los propios encargados a bordo de los micros para apagar el hambre y «ahorrarse» el dinero de las viandas de comida que les venden en los campos.
«Se aprovechan de un sector sumamente vulnerable», confirmó una fuente con acceso directo a las causas judiciales por narcomenudeo. «El narco encontró en el transporte de cosecheros un circuito perfecto para vender, distribuir y captar nuevos revendedores.»
Redadas en la ruta
Frente al incremento de denuncias y al despliegue de estas redes, la Jefatura Departamental Concordia de la Policía de Entre Ríos, a cargo de José María Rosatelli, en forma conjunta con la División Drogas Peligrosas, fortaleció los operativos de interceptación sobre las rutas provinciales y nacionales 4 y 14.
Los controles diarios sobre cerca de 100 vehículos interurbanos y combis han permitido incautar armas de fuego, detener a prófugos de la justicia y secuestrar estupefacientes listos para el consumo.
Al inicio de la semana fue noticia que la Policía provincial detuvo a una mujer que viajaba a bordo de un colectivo de cosecheros transportando 60 dosis de cocaína. La hipótesis que se sostiene es que la mujer se dirigía a los campos con el fin de pagar salarios, vender directamente a los peones o reclutar a jóvenes para la venta en barrios de Concordia.
En un operativo paralelo realizado por la PFA, agentes detuvieron a dos encargados arriba de un transporte de trabajadores con 45 dosis de cocaína, teléfonos celulares y libreta de anotaciones donde figuraba el registro de entregas de droga en lugar de dinero.
El Sindicato reconoce el problema de la droga
El impacto social e institucional de esta práctica alcanza dimensiones estructurales. En diálogo con Cuestión de Fondo, el asesor legal del Sindicato de la Fruta, Alejandro Jacobi, abordó la gravedad del cuadro que golpea a los trabajadores rurales de la región.
— ¿Cuál es el diagnóstico que realizan desde el Sindicato sobre esta situación?
— Es una realidad que nos está afectando a todos. La droga está en todos lados y la actividad de los trabajadores de la fruta no se escapa a esto. En especial respecto a esta nueva modalidad donde a la jornada se le paga con estupefacientes y no con dinero. Esto fue detectado por el sindicato y a su vez por el Ministerio de Trabajo, donde se ha puesto en conocimiento a todas las autoridades de lo que está pasando.
— ¿Qué medidas de inspección o control se están coordinando?
— Se están haciendo operativos para tratar de focalizar esta situación. Pero hay un problema de fondo muy grande: el 98% de los trabajadores está totalmente en negro. Desde el sindicato estamos haciendo las denuncias respectivas ante el Ministerio de Trabajo y sabemos que se está recorriendo el campo con inspectores para tomar las medidas del caso.
— ¿Es un fenómeno reciente o ya tiene antecedentes en la zona?
— Esto viene de hace varios años. En la campaña anterior, recorriendo barrios por militancia política, veíamos que cuando bajaban las cosecheras de arándanos iban directamente a lo del ‘tranza’ a hacer colas interminables para comprar estupefacientes. Lo que ganaban en el jornal diario lo gastaban inmediatamente ahí. Te hablo de una práctica que ya lleva 4 o 5 años asentada.
— Respecto al transporte, ¿las unidades que trasladan gente cumplen con la normativa?
— Ese es otro punto de los operativos. Hay muchos caminos alternativos que se utilizan para eludir los controles policiales y de la justicia. Si se los detecta en la ruta sin las condiciones habilitantes, se los frena al costado y se los incauta. Pero el problema más grave y de fondo sigue siendo el flagelo de la droga, donde lamentablemente se ha detectado muchísima cantidad.
La combinación de un mercado laboral sumido casi por completo en la informalidad, la falta de controles rigurosos en el interior de los establecimientos rurales y la penetración de las bandas de narcomenudeo ha convertido a las rutas del norte entrerriano y el sur correntino en una zona de alta sensibilidad.
La situación es compleja y se puede llegar a resolver solo con acciones coordinadas. Esto merece un abordaje que va más allá de la Policía y el Ministerio Público Fiscal, se necesita de la Secretaria de Trabajo, el Sindicato de la Fruta y profesionales para abordar el tema de las adicciones que golpea fuerte a este sector.
Fuente: Análisis Digital
