A partir de la implementación de este decreto, los agentes que opten por realizar estas tareas especiales —siempre en su período de franco de servicio— verán una mejora sustancial en sus ingresos directos. El nuevo esquema estipula:
El funcionario policial recibirá el 95% del pago generado por la labor adicional.
El 5% restante será retenido por el Estado para ser invertido en el mantenimiento de recursos y móviles policiales.
La inscripción para estos servicios continuará siendo de carácter voluntario y bajo un registro previo estricto para asegurar el control administrativo por parte de la fuerza.
Esta reforma se da en paralelo al avance de la causa judicial que investiga irregularidades en la División 911. Cabe recordar que ocho efectivos policiales denunciaron operaciones anómalas con los adicionales, lo que derivó en el secuestro de documentación la semana pasada.
A pesar de la gravedad de la denuncia, el comisario Juan Zunino se mantiene como jefe de dicha división. No obstante, el viernes pasado, el juez de Garantías Julián Vergara dictó una medida cautelar que prohíbe iniciar sumarios contra los ocho policías denunciantes, protegiendo su situación laboral mientras avanza la investigación.
Hasta este miércoles, la Fiscalía se encontraba abocada al análisis de los elementos probatorios y la documentación secuestrada en las oficinas del 911. Fuentes judiciales indicaron que, por el momento, no se ha definido la imputación de los sospechosos, ya que se espera concluir con el peritaje de los registros contables y operativos obtenidos en el allanamiento.
