Denuncia por violencia
Un informe del programa “Cuestión de Fondo” mostró el testimonio de la denunciante que devela graves irregularidades.
La situación surge en agosto de 2025 cuando una familia denunció que su hijo de 6 años era víctima de violencia por parte de la entonces vicedirectora de la Escuela del Centenario de Paraná, hoy ostentando el cargo de directora de dicha institución. En ese momento, la directora de la institución Marcia Cáceres inició el expediente N°3282834 correspondiente para investigar las acusaciones con todos los pasos administrativos que exigen las normativas.
¿“Cajonearon” el expediente?
Sin embargo, esas tramitaciones nunca tuvieron resolución y hoy la grave denuncia es por “cajoneo” del expediente y una omisión deliberada de los plazos perentorios para darle curso. A eso se suma el reconocimiento expreso de la directora Departamental de Escuelas de Paraná, Silvia Faure, de que “puede suceder que se acumule o traspapele documentación por el caudal de expedientes que se manejan”.
Si se consulta el sitio web de seguimiento de expedientes del gobierno provincial, que es de acceso público, se puede constatar que el expediente que se inició el 19 de agosto de 2025 estuvo hasta el 28 de mayo de 2026 pasando entre la Dirección Departamental de Escuelas, la Dirección de Educación Primaria y el Departamento de Supervisión Técnica de la Dirección de Educación Primaria, sin ningún tipo de resolución.
Denuncia administrativa
Recién cuando el 28 de mayo pasado, Marcia Cáceres en su carácter de vocal del Tribunal de Calificaciones y Disciplina del Consejo General de Educación (CGE) hizo una denuncia administrativa por incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248 del Código Penal) contra la directora Departamental de Escuelas de Paraná, Silvia Faure; la directora de Educación Primaria del CGE, Mónica Schoenfeld y la excoordinadora administrativa de la Departamental de Escuelas de Paraná hoy adscripta a la Departamental, Leticia Schoenfeld, y solicitó una investigación sumarial urgente, el expediente en cuestión fue girado a la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Llamativamente, tras las averiguaciones de Cuestión de Fondo en el CGE, este miércoles 17 de junio fue movido a la Secretaría General del organismo educativo.
Cabe destacar que más allá del inicio de este expediente administrativo no se tomó ninguna otra medida contra la docente denunciada, ni para resguardar a los niños a su cargo ni para que tuviera su derecho de defensa. Y vale también mencionar que por cuestiones mucho menores docentes y directivos son pasibles de sanciones e investigaciones. En este caso, la falta de acción para investigar a la docente denunciada permitió que pudiera participar de concursos y lograr el cargo de directora de la institución donde fue acusada.
Asimismo, la denuncia administrativa por incumplimiento de los deberes de funcionario público contras las tres funcionarias mencionadas se movió también este miércoles 17 de junio a la Presidencia del CGE, luego de permanecer parada desde su presentación, en mayo.
Postura oficial del CGE
Ante la consulta de Cuestión de Fondo, desde el área de Prensa del CGe se envió por escrito la postura del organismo ante la situación denunciada, a saber:
– La investigación sigue activa y bajo trámite.
– El expediente nunca se archivó ni se desestimó.
– Hubo actividad administrativa continua y permanente.
“Las actuaciones vinculadas a la situación denunciada nunca fueron archivadas ni desestimadas, sino que continuaron su curso administrativo a través de las distintas instancias competentes del sistema educativo provincial”.
El proceso y la cronología
Auditoría, intervenciones, garantías y dictamen
– Entre mayo de 2025 y la actualidad ha habido:
– Presentación formal de la denuncia.
Intervención presencial en la escuela.
– Notificación oficial a la agente involucrada.
– Caso en condiciones de dictamen.
– Protección estricta de derechos de niños y adolescentes.
“En la actualidad, el expediente continúa en trámite y se encuentra próximo a ingresar en una etapa de definición respecto de las medidas administrativas que correspondan adoptar para el esclarecimiento integral de los hechos denunciados”.
“En resguardo de los principios de transparencia, debido proceso y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, se prevé la adopción de las medidas administrativas que resulten pertinentes”.












