El ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri, junto al ex ministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez y a Juan Pablo Aguilera, cuñado del propio Urribarri, fueron trasladados en la madrugada de este viernes desde la Unidad Penal N° 1 de Paraná hasta la Unidad Penal El Potrero, de Gualeguaychú, donde continuarán cumpliendo las condenas que les fueron impuestas en el marco del Megajuicio por corrupción.
El movimiento se concretó en las primeras horas de la jornada, con custodia del Servicio Penitenciario provincial, y marca un nuevo capítulo en el cumplimiento efectivo de las penas tras casi dos años y medio de instancias de apelación. Salieron a las 4:30 de la madrugada e ingresaron a las 8:16 a la cárcel del sur entrerriano.
El traslado se produce después de que los tres condenados fueran detenidos hace algunos días, tras el rechazo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al recurso extraordinario presentado por la defensa de Urribarri, lo que dejó firme la sentencia dictada en 2022. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por inadmisible el planteo, lo que habilitó al Ministerio Público Fiscal a solicitar la inmediata detención de los tres condenados y su alojamiento en la Unidad Penal N° 1 de la capital provincial, paso previo al traslado definitivo concretado esta madrugada, publicó Análisis Digital.
Fallo y condenas
La condena original data del 7 de abril de 2022, cuando el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná halló a Urribarri culpable de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado, y le impuso una pena de ocho años de prisión junto con la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. En el mismo proceso fueron condenados Pedro Báez, a seis años y seis meses de prisión, y Juan Pablo Aguilera, con una pena equivalente.
Según la investigación, que se desarrolló entre el 27 de septiembre de 2021 y el 7 de abril de 2022 y reunió a 13 imputados, Urribarri direccionó contrataciones de publicidad del Estado provincial con fines particulares, en maniobras que beneficiaron a Aguilera, señalado como responsable de un esquema de testaferros y cartelización destinado a captar fondos de la pauta oficial en vía pública. La acusación comprendió cinco hechos principales, entre ellos el otorgamiento de pauta estatal a la empresa Global Means antes de que tuviera existencia efectiva formal, el manejo durante cinco años del negocio de cartelería oficial a través de las firmas Tep SRL y Next SRL, y la denominada megacausa del “Sueño Entrerriano”. El expediente completo, según se reconstruyó en su momento, se nutrió en gran medida de la abultada información hallada en un disco extraíble encontrado de modo fortuito durante uno de los allanamientos practicados en la causa, que terminó de sostener buena parte de la acusación del Ministerio Público Fiscal.
Más de dos años de apelaciones
Como reconstruyó oportunamente, tras la condena de 2022 el proceso se sostuvo en distintas instancias de apelación durante más de dos años. La sentencia fue confirmada por la Cámara de Casación Penal de Paraná el 31 de mayo de 2024, que en agosto de ese año rechazó además una impugnación extraordinaria presentada por las defensas, lo que llevó el caso en queja hasta la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. En esa instancia, respecto de Báez, el propio tribunal dejó asentado que su defensa “no interpuso recurso alguno contra la sentencia dictada por la Cámara de Casación”, por lo que su condena a seis años y seis meses quedó firme incluso antes que la de Urribarri y Aguilera. En octubre de 2024, la Sala Penal del STJ habilitó a Urribarri a recurrir ante la Corte Suprema de la Nación, instancia que finalmente confirmó la condena esta semana y dejó allanado el camino para las detenciones y el traslado concretado hoy.
Urribarri se convirtió así en el primer gobernador de la historia argentina en ingresar efectivamente a prisión por una condena firme por corrupción. Gobernó Entre Ríos durante dos mandatos consecutivos, entre 2007 y 2015, período en el que construyó una estrecha relación política con el kirchnerismo a nivel nacional y llegó a ser precandidato a vicepresidente en la fórmula que encabezó Daniel Scioli en 2015.
Tras conocerse el fallo de la Corte Suprema, Urribarri había sido detenido en su domicilio de Concordia y trasladado durante la madrugada a la Unidad Penal N° 1 de Paraná, donde permaneció detenido antes de este nuevo traslado a Gualeguaychú. Su defensa había solicitado en su momento que el ex gobernador cumpliera la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria con tobillera electrónica, pedido que no prosperó ante la confirmación definitiva de la condena.
