Un informe de Argentinos por la Educación reveló que el 59% de los alumnos de tercer grado ya tiene celular propio y analizó el debate sobre las restricciones en las escuelas. La evidencia muestra menos distracciones en clase, aunque no resultados concluyentes sobre el aprendizaje.
Uso de celulares en las escuelas es uno de los debates que más fuerza cobró en el ámbito educativo argentino en los últimos años. En ese contexto, un informe elaborado por la ONG Argentinos por la Educación reveló que el 59% de los alumnos de tercer grado de primaria cuenta con un teléfono celular propio y advirtió que al menos 11 jurisdicciones del país ya implementaron algún tipo de regulación para limitar o controlar el uso de estos dispositivos durante la jornada escolar.
El estudio, titulado «Celulares: ¿prohibir o no prohibir?», analizó el crecimiento del acceso a teléfonos móviles entre los estudiantes, las políticas implementadas en distintos países y provincias argentinas y la evidencia científica disponible sobre el impacto que tienen las restricciones en el rendimiento académico, la atención y la convivencia escolar.
Los autores del trabajo, Andrea Goldin (Conicet y Universidad Torcuato Di Tella), Martín Nistal y Tomás Besada (Argentinos por la Educación), utilizaron datos del operativo Aprender 2024 para relevar la situación en tercer grado de primaria y complementaron el análisis con investigaciones internacionales sobre el uso de celulares en el ámbito educativo.
Cada vez más chicos tienen celular propio
Uno de los datos que más llamó la atención es el crecimiento del acceso a teléfonos celulares desde edades tempranas. El informe señala que el 59% de los alumnos argentinos de tercer grado de primaria posee un celular propio, mientras que otro 23% no tiene dispositivo personal, pero utiliza el de alguno de sus padres o familiares.
En consecuencia, solamente el 18% de los estudiantes de ocho años no tiene acceso a un teléfono celular, un escenario que plantea nuevos desafíos para las escuelas y las familias en torno al uso responsable de la tecnología.
La investigación también muestra que la presencia de celulares aumenta considerablemente durante la adolescencia. Según datos del operativo Aprender 2023, el 90% de los estudiantes de nivel secundario ya cuenta con un dispositivo propio, lo que convierte a los teléfonos inteligentes en una herramienta prácticamente universal dentro de las aulas argentinas.
Existen diferencias entre provincias y niveles socioeconómicos
El informe aclara que la tenencia de celulares es elevada en todas las provincias, aunque existen diferencias importantes entre unas jurisdicciones y otras, publicó NA.
Las cifras más altas corresponden a Santa Cruz, Catamarca y Tierra del Fuego, donde más del 65% de los alumnos de tercer grado dispone de un teléfono propio. En el otro extremo aparecen Misiones y Formosa, donde ese porcentaje ronda el 40%.
También existen diferencias vinculadas con el nivel socioeconómico. Mientras que el 63% de los estudiantes pertenecientes al quintil de mayores ingresos tiene un celular propio, ese porcentaje desciende al 52% entre los alumnos del quintil más bajo, aunque el acceso sigue siendo mayoritario en ambos grupos.
Menos distracciones, pero resultados dispares
Uno de los principales aportes del informe consiste en revisar la evidencia científica sobre las restricciones al uso de celulares en las escuelas.
Los especialistas señalaron que la mayoría de las investigaciones coincide en que las prohibiciones o limitaciones logran disminuir significativamente el uso del teléfono durante las clases y, en consecuencia, reducen las distracciones dentro del aula.
Sin embargo, el efecto sobre el rendimiento académico no resulta tan claro. Algunos estudios identifican mejoras, especialmente entre estudiantes con menor desempeño o pertenecientes a sectores vulnerables, mientras que otras investigaciones no encuentran diferencias significativas, incluso en países que aplican restricciones muy estrictas.
Las conclusiones indican que, cuando aparecen mejoras en los aprendizajes, suelen ser moderadas y dependen de múltiples factores vinculados con las características de cada sistema educativo.
También analizan el impacto en la convivencia
El informe también revisó investigaciones relacionadas con otros aspectos de la vida escolar, como la convivencia, el bienestar emocional y las situaciones de acoso. En ese sentido, los resultados también son diversos. Algunos trabajos muestran una disminución de casos de bullying luego de implementar restricciones al uso de celulares, mientras que otros no detectan cambios relevantes en el clima escolar.
Pese a estas diferencias, el debate continúa creciendo a nivel internacional. Según datos de la UNESCO citados en el estudio, la proporción de países que implementaron algún tipo de regulación formal pasó de menos del 25% en 2023 a cerca del 60% en 2026, reflejando una tendencia mundial hacia una mayor regulación del uso de dispositivos móviles en las escuelas.
Los distintos modelos aplicados en el mundo
Las experiencias internacionales muestran enfoques diversos para abordar el uso de celulares en el ámbito educativo. Países como Francia, Países Bajos y Chile avanzaron con restricciones generales durante la jornada escolar. En cambio, Brasil, Finlandia y Dinamarca permiten el uso de teléfonos únicamente con fines pedagógicos y bajo la supervisión de los docentes.
También existen modelos descentralizados, como el del Reino Unido, donde cada establecimiento educativo tiene autonomía para definir sus propias reglas de convivencia. En la mayoría de los casos, las restricciones son más estrictas en los niveles inicial y primario.
El panorama en Argentina
A diferencia de otros países, Argentina todavía no cuenta con una normativa nacional que unifique criterios sobre el uso de celulares en las escuelas. El informe señala que 11 jurisdicciones, equivalentes al 45% del total, ya implementaron leyes, resoluciones o protocolos específicos para regular el uso de estos dispositivos.
Entre ellas aparecen Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Fe y Formosa, que establecieron restricciones amplias para el nivel inicial y primario. La provincia de Buenos Aires, por su parte, limitó el uso únicamente en la escuela secundaria, mientras que Mendoza autoriza los dispositivos exclusivamente para actividades pedagógicas y bajo supervisión docente.
Otras provincias, como Salta y Tucumán, optaron por esquemas más flexibles que permiten adaptar las normas según las características y necesidades de cada institución educativa. Para los especialistas, este escenario refleja un mapa heterogéneo, sin lineamientos comunes a nivel nacional, en un debate que continúa abierto y que probablemente siga ocupando un lugar central en la agenda educativa durante los próximos años.
